El pasado sábado los vecinos de Castellar-Oliveral se manifestaron masivamente en defensa de la huerta que circunda su pedanía. Siendo cierto que la actual propuesta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Valencia es más respetuosa con la huerta de Castellar que en su versión inicial – que preveía la urbanización de la huerta existente entre el pueblo y la pista de Silla -. Pero continúa la obstinación por proyectar la implantación de nuevas infraestructuras o la ampliación de las existentes – en gran parte condicionadas por el Ministerio de Fomento – sin que exista una justificación clara de su necesidad, ni un esfuerzo para evitar al máximo la destrucción de suelo agrícola y la expulsión de muchos ciudadanos de sus viviendas tradicionales.
Pero el hecho es más grave todavía, ya que es un problema que no solo afecta a la huerta de Castellar, también a muchas otras zonas del término municipal. Casi simultáneamente, se daba la circunstancia inédita de que el propio Tribunal de les Aigües presentaba también alegaciones contra la destrucción planificada de lo que queda de la huerta de Vera, a manos de la ampliación de la Universidad Politécnica y de una nuevas rondas de difícil justificación técnica.
Una urbanización, ésta, que acabaría con una de las huertas mejor conservadas de todo el término, puerta de entrada a la ciudad desde el norte y, además, de los últimos reductos sin urbanizar que le quedan a la huerta regada por la acequia de Mestalla. Este hecho habría de hacer reflexionar a aquellos que, movidos por prejuicios políticos, criticaron al Puerto por promover la destrucción de parte de la huerta de La Punta en la construcción de la ZAL, pero no movieron un dedo para evitar la implantación de las universidades públicas sobre una extensión igual o mayor de huerta en la partida de Vera, y que ahora se quiere ampliar todavía más.
En Campanar, Benimaclet, las inmediaciones de San Miguel de los Reyes, o en Faitanar, la recalificación de lo que hoy todavía es “suelo urbanizable de especial protección agrícola”, volverá a comprometer la viabilidad futura de un patrimonio que no puede volver a quedar en manos de los especuladores o de políticos insensatos. Al contrario: la protección de la Huerta debe de tener carácter perpetuo para ser efectiva, de la misma forma que la protección del parque natural de la Albufera condiciona toda la planificación urbanística en su ámbito.
En efecto, el PGOU de 1988, si bien planificaba la urbanización de notables bolsas de suelo agrícola (ya previstas en el PGOU del desarrollismo: el de 1966), marcaba nítidamente aquellas zonas que, por declararse suelo no urbanizable de especial protección, habían de resultar intocables. Las razones de esta máxima protección eran y son abundantes:
– históricas: la ciudad es como es hoy en día gracias a la Huerta, y resulta incoherente, por no decir cínico, conseguir para el Tribunal de les Aigües el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y promocionarlo como reclamo turístico, mientras al mismo tiempo se fomenta su total descontextualización y desaparición, por desaparición física del territorio regado por las acequias históricas. La Huerta es una de las señas de identidad principales de la ciudad y de todo el pueblo valenciano;
– medioambientales: la huerta es un cinturón vegetal de gran valor paisajístico que actúa de pulmón verde. En cierta forma, una huerta bien conservada y puesta en valor se podría equiparar a la Casa de Campo de Madrid o a Collserola en Barcelona. Su función ambiental, que da sustento a muchas especies animales y vegetales, es también insustituible;
– de sostenibilidad: la huerta no es un recurso renovable y la perdemos no hay retorno. Es muy difícil crear terrenos tan fértiles y encontrar sitios en un clima tan propicio. La huerta valenciana es producto del trabajo de muchas generaciones de agricultores sobre sedimentos del cuaternario.
– patrimoniales: es flagrante el abandono de construcciones tradicionales, barracas y alquerías de gran interés etnológico como la de Falcó, del Moro, de la Torre, o la de Serra; así como la paulatina degeneración de las infraestructuras asociadas (acequias, azudes, etc).
Los ciudadanos de Valencia hemos de preguntarnos qué futuro queremos para nuestra ciudad. Valencia, para muchos urbanistas, es (por el momento) una ciudad de tamaño perfecto, pero mal planificada. Las políticas urbanísticas del PP, orientadas a convertir la ciudad en una especie de parque temático, por medio de la construcción de obras faraónicas, muy efectistas pero poco efectivas, han olvidado el principio básico de que las ciudades se deben planificar para satisfacer las necesidades de sus habitantes.
Es un hecho que la población de la ciudad no sólo no crece sino que disminuye, la creación de nuevos barrios tampoco puede seguir siendo usada por el Ayuntamiento como fuente de financiación municipal. Cada vez que la ciudad se amplia, también aumenta la necesidad de extender los servicios municipales (limpieza, iluminación, jardines, centros educativos, centros de salud, etc) i, si la oferta de vivienda supera ampliamente la demanda, el sistema colapsa, como ha demostrado la burbuja inmobiliaria de la última década. Sobre todo, cuando el PGOU de 1988 todavía no se ha ejecutado totalmente, y buena parte de los PAIs aprobados se encuentran todavía llenos de solares sin edificar o, directamente (como en el caso de El Grau), sin desarrollar.
Por todo esto, desde POBLE pensamos que la ciudad no necesita crear más barrios a costa de la Huerta, sino mejorar los existentes, rehabilitar los centros históricos (El Carme, Velluters, El Cabanyal…), y dar un uso práctico a los abundantes solares y viviendas vacías del núcleo urbano. La crisis nos da, paradójicamente un respiro para contar hasta diez y decidir, con tranquilidad y buen juicio, que es lo mejor para nuestro futuro como valentinos. No tenemos prisa, y menos todavía a tres meses de unas elecciones municipales
Esta reflexión ha de ir acompañada de otra en el campo de la planificación territorial. Los límites municipales, que pueden ser muy históricos pero que resultan poco funcionales en la actualidad, no pueden delimitar compartimentos estancos donde cada ayuntamiento haga y deshaga, sin tener en cuenta las necesidades comarcales o incluso supracomarcales.
Si Valencia quiere ser realmente una ciudad con vocación de capital, debe de compartir sus necesidades con las de su área metropolitana, coordinándose con los municipios que la rodean para emprender iniciativas colectivas y poder crear sinergias que beneficien a todos. En este sentido, POBLE defiende la creación de un ente comarcal de urbanismo al cual habrían de someterse las decisiones particulares de cada municipio. Si se demuestra necesario aumentar y complementar la oferta de infraestructuras y servicios de la ciudad, habrá de hacerse coordinadamente con los municipios del área metropolitana, implantándose en aquellos sitios que, dentro o fuera del término municipal de la ciudad, más convengan para el desarrollo sostenible del territorio.
Tampoco podemos ignorar que proteger la Huerta implica mantener el uso agrícola que determina su fisonomía característica, y que ello es imposible si la protección no va acompañada de políticas realistas y decididas que ayuden a los agricultores, y que continúan sin implementarse por los actuales poderes públicos.
Por todos estos motivos, POBLE exige la retirada de la revisión del POGU, y la redacción de un verdadero plan de acción territorial comarcal, inspirado en los principios del desarrollo sostenible, que coordine los planes generales de los municipios del área metropolitana.
