Si bien es un objetivo natural de cualquier iniciativa política conseguir la mayor calidad de vida para la ciudadanía, consideramos que es una exigencia moral que este deseo de mejora general lleve implícito conseguir un mínimo de calidad de vida para todos y cada uno de los ciudadanos.
Para conseguir ese aumento del bienestar social de la población en general, y de los más desfavorecidos en particular, dos son los ámbitos principales en los que se ha de actuar: el incremento de los recursos y un cambio en la mentalidad de la sociedad.
– El incremento de los recursos pasa por una redistribución de las partidas presupuestarias, proporcionando una mayor dotación económica a las ayudas sociales, y restando a partidas como subvenciones y asignaciones a sindicatos, patronal, partidos políticos, salarios de políticos, etc.
– El cambio en la mentalidad de la sociedad se ha de producir por medio de la actuación en tres ámbitos básicos:
– A través de campañas de formación y sensibilización dirigidas al conjunto de la población.
– Incorporando esta problemática en el sistema educativo, de modo que se sensibilice a las nuevas generaciones en un tema que a todos nos afecta.
– Por medio del ejemplo que han de ofrecer los responsables políticos en su acción cotidiana.
En definitiva, se trata de conseguir que los ciudadanos desarrollen una mentalidad crítica en el actual estado de cosas, lo cual les ha de conducir a un compromiso en la consecución de una sociedad más justa y más humana.
DEPENDENCIA Y FRAGILIDAD SOCIAL
La fragilidad, esto es, la situación en la que una persona es autónoma y se vale por sí misma, pero está en riesgo de dejar de serlo, puede derivar en una discapacidad que la lleve a la falta de autonomía, y a la dependencia.
La actual Ley 39/2008, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha acabado orientándose exclusivamente a la última parte, a la dependencia, y ha dejado sin tratar la autonomía personal. El error es doble, ya que por un lado, una persona autónoma gozará de una mayor calidad de vida, objetivo último de la ley, y por otro, resulta mucho más costoso atender a una persona dependiente que ayudar a una persona aún autónoma.
Por otro lado, el envejecimiento de la población va en aumento, por lo que cada vez esta clase de atención exigirá más recursos. La solución ha de pasar por la optimización de los ya existentes y la implementación de medidas que prolonguen la autonomía de las personas.
Y hablamos de personas, porque debemos huir de las atenciones estandarizadas, uniformes, que ignoran que la persona es un todo, con una dimensión física e intelectual, pero también afectiva, emocional y social. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los dependientes estamos hablando de un colectivo heterogéneo, en el que cada una de las personas en situación de dependencia no pierde su individualidad, por lo que la atención ha de dirigirse a la persona como un todo.
Teniendo en cuenta estas premisas, desde POBLE pretendemos:
– Destinar más recursos a la prevención, atendiendo aquellos colectivos en situación de fragilidad para evitar que caigan en la dependencia o retardar ese momento. La formación de la persona para que aprenda los hábitos necesarios juega aquí un papel muy importante.
– Potenciar la atención personal –la mejor forma de atender la dimensión afectiva, emocional y social del dependiente– creando la figura legal del “cuidador”. Este, que puede ser un profesional o un familiar, ha de recibir una formación previa y también un respaldo, sobre todo en el caso de los familiares, para aligerar su tarea y evitar el síndrome de la “persona quemada”.
– Aplicar medidas que profundicen en la condición laboral y familiar con tal de facilitar la tarea del cuidador.
– Transformar las actuales residencias en Centros de Apoyo donde haya recursos y personal especializado; unos centros en los que el cuidador no sólo acompañará al dependiente en las actividades que allí se desarrollen, sino que encontrará una ayuda especializada que cuidará de su estado.
– Crear a nivel local, grupos de apoyo, formados por personas voluntarias que hayan recibido una formación básica, para desarrollar acciones puntuales de acompañamiento y ayuda asistencial.
– Garantizar la calificación de los profesionales que trabajen con dependientes. En particular, los encargados de hacer las valoraciones que prevé la “Ley de la dependencia” han de ser auténticos profesionales en la materia.
– Revisar los criterios que se apliquen en la valoración de las dependencias, y hacerlos revisables en cortos periodos de tiempo en los casos de discapacidades variables.
– Conseguir una mayor transparencia en los estudios y estadísticas que realiza la administración en materia de dependencia para facilitar la concienciación de la población y el trabajo de las ONG,s.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL / AYUDA HUMANITARIA
Consideramos que uno de los grandes promotores de las desigualdades humanas es un comercio injusto, basado en el provecho de los países ricos sobre los más desfavorecidos. Por este motivo propugnamos la creación de una Carta Ética que contendrá unos mínimos de comercio justo y derechos laborales, que deberían cumplir las empresas que quieran tener relaciones con las administraciones públicas. De no cumplir esos mínimos acordados, las administraciones públicas no podrán trabajar con dichas empresas bajo ninguna circunstancia.
En ayuda exterior, pretendemos dar preferencia o prioridad a proyectos autóctonos, diseñados en el país destinatario de la ayuda, frente a los elaborados desde aquí, evitando de este modo la imposición de modelos de desarrollo que puedan entrar en conflicto con la tradición local.
Exigiremos el cumplimiento del destino del 0.7% de los presupuestos públicos para la ayuda y cooperación solidaria.
Estableceremos un mayor control de las ayudas, realizando auditorias para evitar fraudes o malversación de fondos.
Proponemos profundizar en el concepto de hermanamiento entre pueblos, fomentando una mayor implicación en la relación cultural, social, y económica. Estos programas deberían fomentar el desarrollo entre municipios por medio de la realización de acciones, actividades, campañas, y proyectos de desarrollo e intercambio.
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. PERSONAS SIN TECHO
Para tratar el problema de las personas sin techo apostamos por las viviendas sociales, tuteladas o semituteladas en los casos que así se determine, creadas de diferentes modos:
– Bienes inmuebles propiedad de las entidades financieras y bancarias rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos, y que no han llegado a ser previamente habitadas.
– Viviendas de zonas rurales despobladas. A los destinatarios de les facilitará la formación en un oficio para que puedan trabajar y colaborar con la comunidad donde se integren.
– Viviendas de protección oficial de nueva construcción, y aquellas que ya posean algunos ayuntamientos.
Se procurará que las personas beneficiadas consigan ingresos por medio de trabajo o ayudas, para poder integrarse en la sociedad y que puedan, pasado un tiempo, poder pagar un alquiler adaptado a su situación, que será reinvertido en mejoras sociales.
Exigiremos un trato más próximo y mayor sensibilidad por parte del departamento de Servicios Sociales de cada ayuntamiento a la hora de tratar cada situación personal, dotando a los afectados de asesoramiento jurídico y legal, e interviniendo de mediadores en las situaciones que así lo aconsejen.
Invertiremos en la prevención, aplicando las medidas adecuadas y proporcionando la formación que necesiten las personas que estén en peligro de quedarse sin vivienda en un futuro próximo o inmediato. En este campo es esencial la labor de los Servicios Sociales, que han de contar con los medios suficientes para poder operar con proximidad a los ciudadanos, lo que les permitirá ser conocedores de las diferentes realidades del pueblo.
INMIGRACIÓN
Tal como se recoge en nuestro ideario, Manifiesto de POBLE por el cambio, apostamos abiertamente y de forma decidida por los Derechos Humanos. Esta carta será la vara de medir de nuestras actuaciones en cuanto a inmigración. Con este espíritu nos definimos abiertamente contrarios a las conductas racistas o xenófobas.
En este sentido, proponemos la libre circulación regulada de las personas a través de un permiso de residencia revisable, en periodos de tiempo concretos, durante los cuales se proporcionará al inmigrante la ayuda que necesite en temas como busca de trabajo, formación, idioma, salud…, al tiempo que se hace un seguimiento de su situación en el país. En caso de que el emigrante llegue a una situación de integración se le proporcionará un permiso definitivo. A aquellas personas que no lleguen a adaptarse a la sociedad, se les proporcionará medios para regresar a su país en caso de no poder sufragárselos.
La aplicación del sistema de libre circulación regulada antes propuesta, hará innecesaria la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros), el cierre de los cuales exigiremos. Proponemos en cambio, la creación de otra clase de centros, que hemos denominado CAEs (Centros de Acogida al Extranjero), los cuales pueden instalarse en los albergues ya existentes, o en otros de nueva construcción por toda la geografía. En estos se proporcionaría los recursos necesarios para la integración social y laboral. Esta situación debería tener una duración limitada, a estudiar en profundidad según un estudio realizado por sociólogos y especialistas, que establezca las necesidades de adaptación del individuo.
CONCLUSIONES
Es necesario un cambio social, que se ha de fomentar en las escuelas y en los hogares, en el que la sociedad tome conciencia de la importancia de conceptos como solidaridad e igualdad, y exija, en consecuencia a sus gobiernos, el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Sabemos que la problemática de la pobreza en el tercer mundo es culpa del primero; como también sabemos que la solución a todos los problemas derivados de este (hambre, miseria, refugiados, emigración forzosa…) pasa por erradicar la pobreza en todos los países.
En POBLE apostamos por una concienciación de la ciudadanía y por una actuación coherente a nivel local, aunque entendemos que sólo una acción internacional conjunta puede erradicar la pobreza en el mundo atacando las fuentes del problema, luchando contra el tráfico de armas, el tráfico de humanos y drogas, o la explotación infantil, por citar algunos ejemplos. Desde POBLE exigiremos –en los ámbitos en que tengamos voz– que TODOS los países del mundo cumplan con los Derechos Humanos, y que los países ricos dejen de aprovecharse de los países más pobres, manteniéndolos inmoralmente, en la pobreza y la subordinación. Necesitamos una actuación global producto de un compromiso a nivel mundial.
Necesitamos empezar a entender que son las VIDAS DE LAS PERSONAS lo que está en juego, y que bajo ningún concepto están en venta. Necesitamos pues un cambio de sistema, donde las personas estén por delante de cualquier otro interés.
