Nociones de Política Criminal
A nivel de introducción, señalar que la política criminal, consiste en aquellas medidas tanto de tipo jurídico, económico, social, educativo y de otro tipo, establecidas e impulsadas por los poderes políticos para prevenir y luchar contra el fenómeno criminal, con la finalidad de mantener las tasas de criminalidad en unos niveles tolerables.
Dicho de otro modo más positivo, aquellas políticas impulsadas por los poderes públicos para garantizar la convivencia pacífica, conciliando dos principios que deben guardar equilibrio: la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos.
En el conocimiento de la seguridad o inseguridad no sólo intervienen las cifras oficiales de delincuencia. Para medir ésta, también hay que tener en cuenta lo que se conoce como cifra negra de criminalidad, esto es, la delincuencia no conocida por ausencia de denuncias o por desconocimiento de que se está siendo victimizado, y el sentimiento de inseguridad o miedo por parte de la población. En este aspecto, el Estado Español, se encuentra entre los estados alarmistas, es decir, con relación al nivel de delincuencia (relativamente baja si la comparamos con los países desarrollados de nuestro entorno) la sensación de inseguridad es demasiado alta.
Observamos cómo se extienden políticas de “populismo punitivo”. Una buena muestra es la actual aprobación del nuevo código penal o la ley de protección de la seguridad ciudadana conocida popularmente como “ley mordaza”. El derecho penal se expande mostrándose como la única solución a diversa problemática social.
La pena privativa de libertad continúa siendo la piedra angular del sistema penal, endureciéndose hasta el punto de incluir la “pena de libertad perpetua revisable”. Para que esto sea comprensible, esta medida existe en algunos de los países de nuestro entorno en la Europa occidental, pero sus sistemas de libertad condicional son más flexibles, y prácticamente esta pena es testimonial. En el estado español, con las sucesivas reformas de 2003 y 2010 y con el nuevo código penal se endurecen:
- Los requisitos para el acceso a la libertad condicional y el tercer grado penitenciario.
- Aumento de las penas de prisión.
- Sigue sin darse impulso a medidas alternativas a la prisión.
En consonancia, en las últimas décadas, la población penitenciaria española ha crecido mucho más que el índice de delincuencia, no porque ingresen cada vez más personas en prisión, sino porque las que ingresan, pasan cada vez más tiempo en ella. Por lo tanto hay más masificación, menos recursos materiales y económicos para aplicar programas de tratamiento y reinserción y por lo tanto al no confiar en la institución de la libertad condicional, menos posibilidades de reintegrar a la sociedad a la población reclusa.
Se lanzan mensajes de que la delincuencia ha aumentado y que las penas son muy blandas, todo lo contrario de lo que ocurre en la realidad.
El tema de la delincuencia debe abordarse desde la prevención y el estudio, para favorecer políticas de reducción a medio y largo plazo, la prevención general (aquella que intimida con la imposición de una pena), no sirve si no se complementa con otro tipo de medidas. La evidencia criminológica ha demostrado que el endurecimiento de las penas no favorece la reducción de la reincidencia, más bien al contrario. En cambio la implementación de la justicia restaurativa (mediación penal) además de las penas alternativas a la prisión, suponen una reducción de la reincidencia.
Conclusiones-Propuestas
No podemos dejarnos llevar por la corriente del “populismo punitivo” y políticas de “tolerancia cero”. No confundir esto con que no estemos de acuerdo con las penas privativas de libertad, pero se tiene que propiciar una mayor armonización entre los delitos y las penas, por ejemplo:
Determinar si hay delitos que se pueden sancionar con multas o penas alternativas en lugar de penas de prisión.
Armonizar la gravedad de determinadas penas, ¿es justo que tenga la misma pena una tentativa de homicidio o el abuso de un menor, que la piratería cibernética?
Favorecer la existencia de una adecuada libertad condicional, incluso introduciendo en nuestro sistema la figura del agente de la condicional, que lejos de ser un policía fiscalizador, sea una persona con preparación adecuada (trabajo social, criminología, sociología, psicología, etc.) que ayuda en unos casos a reintegrarse social y laboralmente y vigila en otros si no es merecedor de esa libertad condicional.
Favorecer el acceso a un tercer grado penitenciario, no como un premio, sino como una necesidad de rehabilitación social.
Actualmente, la administración penitenciaria supera los mil millones de euros en sus presupuestos anuales. Si se puede revertir la tendencia, el estado tendrá más dinero para invertir en prevención.
Por lo tanto apostamos por la prevención más que por la reacción, por las medidas alternativas a la prisión como complemento a ésta y por la institucionalización de la justicia restaurativa como complemento de la justicia tradicional penal.
A nivel autonómico
Dado que las grandes decisiones en materia penal y penitenciaria son de ámbito estatal, a nivel autonómico debemos apostar tal y como hemos dicho en el apartado anterior por la prevención. En este sentido hacemos las siguientes propuestas:
Entendemos como muy necesaria la creación o recuperación de un centro como era el “Reina Sofía”, pero con ligeros matices. Se trataría de un “Observatorio de la Seguridad”. En este centro se harían estudios específicos de la delincuencia en territorio valenciano, español y europeo, favoreciendo la utilización de una metodología de comparación. Estudios de victimización, que actualmente no se efectúan, para poder complementar el conocimiento que ofrecen las estadísticas oficiales. Constituirse en un órgano de referencia e intercambio de ideas y profesionales, de formación y seguimiento de posibles programas de intervención y prevención.
- En cuanto a decisiones policiales y judiciales hay que tener en cuenta lo importante que es el tema de la financiación, hay decisiones que no se pueden tomar por la infrafinanciación que padecemos, pero que son vitales para una buena vertebración de nuestro territorio y una correcta autonomía, por ejemplo:
- En el ámbito judicial, tenemos bastante autonomía. Es cierto que ningún territorio tiene la posibilidad de nombrar a jueces y fiscales, sí en cambio a todo el resto de funcionarios judiciales. La decisión de dotar algún juzgado nuevo o aprobar más las dotaciones depende del Consejo General del Poder Judicial. Normalmente siempre es positiva la respuesta, el problema viene cuando esa dotación se tiene que hacer operativa, pues va a cargo de la partida presupuestaria de la Conselleria de Justicia, y se da muy a menudo el caso curioso de que la Conselleria solicita la creación de nuevos juzgados o plazas judiciales, pero al ser aprobados, no los puede crear porque no hay presupuesto.
- En materia policial entendemos importante desarrollar la actual Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y convertirla en una verdadera policía autonómica, por razones operativas y sociales, siguiendo las recomendaciones internacionales para territorios federales o autonómicos. A nivel formativo estaría coordinada por el Observatorio ya descrito.
- En lo relativo a las políticas de atención a las víctimas, se hace necesaria una correcta reestructuración. La asistencia a las víctimas es un servicio público y gratuito según la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Boletín Oficial del Estado de 12 de diciembre de 1995). En el territorio valenciano estas oficinas están externalizadas y estas funciones las ofrece la fundación FAVIDE. No negamos que hayan hecho una buena labor social, no sólo con la atención a las víctimas, sino también con la gestión de puntos de encuentro, y que cuentan con buenos profesionales, pero se hace necesario racionalizar y delimitar las competencias de estas oficinas, pues realmente la atención la ofrece una fundación privada que no goza de una correcta financiación y el perjudicado último es el ciudadano. Apostamos por una buena gestión en la atención a las víctimas aprovechando los recursos públicos.
- En cuanto a tipologías delictivas que afectan especialmente al sector primario valenciano, como los hurtos en los campos e instalaciones y equipamientos, propiciaremos planes efectivos de prevención en los que todos los agentes sociales implicados participen, junto a las fuerzas de seguridad, en su aplicación. Se hace necesario priorizar la receptación de mercancía robada, tanto de productos en almacenes ilegales, como la de chatarra y cobre.
A nivel local
A nivel municipal, más que pensar en decisiones para disminuir la delincuencia a nivel policial o penal, es necesario, pensar a nivel de construcción de un municipio sostenible, tal como recomiendan las conclusiones de los trabajos efectuados por FESU (Foro Europeo de Seguridad Urbana), donde se sostiene, en relación a las últimas investigaciones, no sólo la necesidad de trabajar en cuanto a la reducción de la delincuencia, sino también en mejorar la percepción social de seguridad. Por lo tanto la gestión de la seguridad pública se debe hacer, además de para los ciudadanos, contando con ellos.
Es fundamental para articular políticas públicas de seguridad:
- Favorecer la inclusión de todos los actores sociales en el diseño de programas preventivos o de seguridad.
- Fomentar el equilibrio entre la seguridad ciudadana y valores cívicos de respeto, tolerancia, solidaridad e inclusión social.
- Recuperación de las personas infractoras, frente al etiquetamiento actual. Las entidades locales actualmente son las que absorben gran parte de las penas alternativas de prisión, como pueden ser las hechas en beneficio de la comunidad (TBC). La implantación de más plazas de TBC para determinados delitos menos graves, correlaciona positivamente en una menor reincidencia, y por lo tanto, el retorno en inversión es mayor que la opción contraria.
- Rediseño ambiental de zonas degradadas y guetos. Conseguir una ciudad sostenible, agradable para vivir, donde los espacios públicos pertenezcan al ciudadano. Educación y pedagogía para que la gente tenga un sentimiento de pertenencia a su comunidad y donde la gente tenga claro que el espacio público es de todos y no de “nadie”.
- En las ciudades más grandes es interesante proponer la confección de una auditoría de seguridad (el organismo ideal para hacerlo sería el observatorio), para plantear una panorámica de la realidad en esa localidad, y saber si se están gestionando bien los recursos y qué medidas correctivas se pueden proponer.
