Font: elperoidic.com
El Responsable en Cap del Consell General de Poble Democràtic, Màxim Rueda, ha solicitado hoy al President de la Generalitat, Ximo Puig, que reduzca el periodo medio de pago a los proveedores de la Administración Autonómica y deje de usar a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) como un “banco temporal.”
Màxim Rueda ha calificado de “vergonzoso” que el actual Ejecutivo mantenga a nuestra autonomía como la segunda con mayores retrasos en el pago a proveedores de toda España, una prueba más de una gestión “ineficaz” y que, hasta la fecha, ha estado más preocupada de criticar y revertir políticas anteriores que de impulsar la economía del territorio e incrementar el bienestar de la sociedad valenciana.
En este sentido, el portavoz de Poble Democràtic ha señalado que los datos oficiales demuestran que en la Comunitat Valenciana el Período Medio de Pago (PMP) supera los 48 días, concretamente en el mes de julio es de 48,27 días, tan solo por detrás de Extremadura, mientras que la media en España es de 33,31 días.
Por tanto, las empresas valencianas tienen que esperar más de dos semanas extra para cobrar por sus servicios, lo que dificulta su competitividad y viabilidad, además de ser una práctica “irregular” que las convierte en fondo económico personal del Ejecutivo Autonómico.
Para Màxim Rueda, no es admisible que la morosidad de nuestras administraciones recaiga sobre los ciudadanos con impuestos y además con mala praxis como estos retrasos injustificables en los pagos que perjudican seriamente la supervivencia de muchas pymes y autónomos.
Da la sensación que el equipo de gobierno que preside Ximo Puig todavía no se ha enterado que la Administración está obligada a saldar las deudas con sus proveedores en un plazo real de 30 días si no quieren incumplir la Ley de Morosidad, según el portavoz de Poble Democràtic, que ha recordado que, a diferencia de lo que sucedía antes, el plazo cuenta desde el registro de la factura y no a partir de los primeros 30 días.
Por ello, Poble Democràtic reclama al Consell que centre sus esfuerzos en reducir, al menos hasta la media española, el retraso en el pago, ya que éste, además del daño directo ejercido sobre el ciudadano, repercute también indirectamente en las medidas correctoras que debe aplicar el Ministerio de Hacienda, tal y como viene impuesto por una directiva europea que obligó a España a modificar la forma de calcular el plazo con el objetivo de reflejar la verdadera demora de la deuda.
