El partido Poble Democràtic de Catarroja se ha posicionado en contra de los radares fotorrojo y ha pedido su retirado. La formación política recuerda que la pasada semana llegó a la prensa a través de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados la Sentencia dictada por las Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Catarroja ante otra sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso núm. 3 de Valencia, en el que se estimaba el recurso interpuesto por un particular sancionado por la captación de los fotorojos instalados por toda la población.
En palabras de Nuria Juan, participante de POBLE Catarroja, «ahora que el Tribunal Supremo desestima el recurso el Ayuntamiento difunde esa Sentencia como una victoria suya alegando que es algo por lo que ha estado luchando desde que entró a gobernar el tripartito» Además, añade, «el alcalde le afirmó que fue él quien paralizó dicho sistema sancionador».
En POBLE Catarroja, después de hablar con multitud de vecinos afectados, afirman que «desde que empezaron a recurrirse las sanciones que se imponían por la captación de dichos dispositivos, en todos los procedimientos se ha personado el Ilustre Ayuntamiento de Catarroja, con defensa letrada pagada por el Ayuntamiento; manteniendo la misma defensa alegando la legalidad de dichos dispositivos, y el 90% de dichas sentencias han desestimado el recurso de los particulares y han mantenido la sanción, condenando en algunas de las mismas a las costas procesales a los sancionados (pagar la sanción de 200€ más los honorarios del letrado del Ayuntamiento).»
Es por ello, que el partido pide mayor transparencia al gobierno local y que se conozca el coste de los honorarios de abogado y procurador necesarios para comparecer en el Supremo. El partido recuerda que estas cantidades proceden de los impuestos de los vecinos de Catarroja. «Si tan en contra estaban simplemente con no haberse personado como parte demandada, se hubiera resuelto el problema», asegura Nuria Juan.
Desde POBLE exigen la retirada de dichos radares, así como una disculpa pública por parte del ayuntamiento y devolución de las sanciones cobradas desde 2016.
