Poble Democràtic

La Constitución: un contrato social revisable y mejorable

La Constitución: un contrato social revisable y mejorable

El Senado: auténtica cámara de representación territorial. Financiación autonómica: nuevo sistema justo y equilibrado, que permita a la Generalitat la recaudación directa de recursos económicos suficientes para la autogestión de los servicios públicos que presta. Supresión de las provincias decimonónicas y organización comarcal de los municipios.

Esto podría empezar como cualquier otro artículo, en la desgastada fórmula de ” y tal día como hoy , hace …”, y continuar alabando los grandes beneficios de la Constitución Española de 1978. Pero desde POBLE pensamos que ya basta de ofrecer nuevas glorias (a España).

Nos encontramos en un momento histórico. Anteriormente, habían instituciones que simulaban estar cubiertas por un aliento de divinidad que las hacía incriticables. No hay más que ver lo denostada que hoy en día se encuentra el institución de la Familia Real: cuando unos años atrás parecía imposible que ni siquiera un medio de comunicación se atreviera a hacer o a insinuar una crítica hacia a ella y sus comportamientos, recientemente todo un monarca ha pedido disculpas a la sociedad del Estado que representa.

Podríamos decir que lo mismo ocurre con la Constitución actual, y en ese halo de lo que algunos la visten, como si de las tablas de los mandamientos se tratase, escritas directamente por la mano de Dios para el pueblo.

Pero no. Ya es hora de poner los pies en el suelo, y tratar a las cosas simplemente por lo que son. Porque al fin y al cabo, ¿qué es una constitución?. Nada más sencillo que -como exponía Rousseau en su obra El Contrato Social- un simple contrato entre personas de la misma sociedad que se hacen dotar de unos poderes que permiten su gobierno y el bienestar social, los cuales les facilitan salir de la caverna y del mundo de la barbarie.

Y si lo pensamos, a lo largo de nuestra vida, ¿cuántos contratos firmamos y modificamos, pasando por contratos de compraventa, el contrato de teléfono, el de matrimonio o el de trabajo?. ¿Por qué, entonces, se empeñan algunos en que este contrato de la Constitución sea perpetuo y estanco?. ¿Es que en un caso la realidad social que norma una constitución constituye un bien estanco, que no cambia?. Al contrario, cada generación cambian los valores, las ideas, las visiones, y reformar el contrato no lo hará sino más fuerte, sano y duradero.

En tal caso, ¿por qué no, como valencianos, plantear una modificación de este contrato en el fin de mejorarlo en todo lo que nos afecta como Pueblo?

Desde POBLE, como iniciativa política que somos, neta y unicamente del Pueblo Valenciano y en la mayor de las humildades, creemos que no tiene cabida hoy en día que el contrato que rige el autogobierno valenciano haya de ser revisado por un parlamento diferente a Las Cortes Valencianas, que son las que representan a la sociedad a quien afecta nuestro Estatuto de Autonomía, respetando y legislando dentro del marco constitucional y teniendo como único control de adecuación a la normativa al Tribunal constitucional, y no a una institución política diferente, como puedan ser las Cortes Generales.

Creemos que el Senado debe convertirse en una verdadera y efectiva cámara de representación territorial, en donde sus representantes tengan como principal objetivo, aunque fuera por una motivación puramente electoral, defender y servir a los intereses del territorio que representan, no al partido del que forman parte.

También pensamos que el territorio valenciano debe autofinanciarse. No tiene ningún sentido que sean las autonomías las que prestan la mayor parte de los servicios públicos y asistenciales, como son la sanidad y la educación, y que, en cambio, a pesar de asumir los costes, sea el Estado quien estime cuántos fondos públicos les destina. Este diseño defectuoso del sistema de financiación produce necesariamente desequilibrios presupuestarios entre los costes de los servicios y el capital en el que se cuenta, ahogando y obligando al endeudamiento extremo al sistema de las autonomías.

Asimismo, nos gustaría que el territorio valenciano pasara a dividirse administrativamente en comarcas dependientes de la Generalitat, dejando a un lado la división antinatural de las provincias, que tanto daño ha hecho al pueblo valenciano, dividiéndolo y generando enfrentamientos que lo hacen débil política y económicamente. De esa manera terminaríamos también en duplicidades administrativas que tantos costes inútiles conllevan. No tiene sentido que en un estado de las autonomías, perviva paralelamente una administración provincial.

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